EE.UU. respalda a la Argentina y solicita desestimar las sanciones impulsadas por Burford en el juicio por YPF
La administración norteamericana se presentó ante la jueza Loretta Preska para rechazar el pedido de desacato impulsado por Burford
En un movimiento de alto impacto político y jurídico, el gobierno de los Estados Unidos formalizó su respaldo a la República Argentina en el marco del juicio por YPF, oponiéndose expresamente a que se declare al país en desacato y a la imposición de sanciones solicitadas por los demandantes.La presentación fue realizada por el Departamento de Justicia ante la Corte de la jueza Loretta Preska, en la ciudad de Nueva York, en el marco del litigio por la expropiación de YPF. El escrito, fechado el 26 de febrero de 2026 y con una extensión de 29 páginas, representa un fuerte respaldo institucional a la posición argentina.
En el documento, el gobierno estadounidense advierte con claridad sobre las implicancias sistémicas del caso: “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”. La afirmación no es menor. Introduce el principio de reciprocidad soberana y coloca el conflicto en una dimensión geopolítica más amplia, excediendo el plano estrictamente comercial o procesal.
El Departamento de Justicia también se refirió específicamente a los requerimientos de discovery que dieron origen al planteo de desacato promovido por el fondo Burford y otros demandantes.
En ese sentido, el escrito destacó: “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
Finalmente, el documento fue categórico en su conclusión: “La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”.
La referencia a la FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act) refuerza la tesis central: la inmunidad soberana no puede ser vulnerada mediante sanciones procesales desproporcionadas.
Desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei, el Departamento de Justicia estadounidense ha respaldado de manera sistemática la posición de la República Argentina en esta causa, marcando una diferencia respecto de etapas anteriores del litigio.
