Carta abierta de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social para la protección de glaciares

La Comisión Episcopal instó a los legisladores a actuar con «solidaridad intergeneracional» y a escuchar a científicos y comunidades locales antes de avanzar con cualquier cambio

CARTA ABIERTA A NUESTROS LEGISLADORES NACIONALES
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES
“La injerencia en el ecosistema es uno de los aspectos que no debe llevarse a cabo sin
prestar la debida atención tanto a las consecuencias de dicha injerencia en otras áreas como
el bienestar de las generaciones futuras. Los desastres naturales no son causados
exclusivamente por su propia naturaleza, sino también por un uso y consumo
desconsiderado de los recursos del planeta.”
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Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social, fieles a nuestra misión de promover el bien
común y la custodia de la creación, nos dirigimos a las Señoras y Señores Legisladores, a
quienes el pueblo ha confiado la noble tarea de dictar las leyes que aseguren la justicia, la
paz y el respeto a la Constitución Nacional.
“La Iglesia tiene una responsabilidad de respeto a la creación y la debe hacer valer en
público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la
creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo”
En este contexto, observamos y escuchamos con profunda preocupación el clamor de
numerosas comunidades, científicos organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos
conscientes ante la posibilidad de que se modifique la Ley Nº 26.639 de Presupuestos
Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esta norma, fruto del
consenso político, social y científico, ratificada por nuestros legisladores después de haber
sido vetada en su totalidad por la presidencia, representa un hito fundamental en la
protección de reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas únicos y un patrimonio
natural de valor incalculable para las generaciones presentes y futuras.
Los glaciares no son simples recursos económicos. Son fuentes de agua y de vida,
reguladores del clima y del ciclo hídrico. Son verdaderas “catedrales de agua” que sustentan
a las poblaciones, las actividades productivas y la biodiversidad de vastas regiones de
nuestro país. “El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental
y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición
para el ejercicio de los demás derechos humanos.” [LS 30] [AFV 50] Su afectación impacta
primero y con mayor crudeza en los más pobres y en las comunidades originarias que
dependen de esos ecosistemas. Reafirmamos, en este sentido, que el agua que mana de estos reservorios naturales, es «un derecho universal e inalienable” [CDSI 485] porque «el
derecho al agua, al igual que todos los derechos humanos, está fundado en la dignidad y no
en estimaciones de carácter puramente cuantitativo».
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La Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que el desarrollo verdadero no puede reducirse al
mero crecimiento económico, sino que debe ser integral, sostenible y respetuoso de la
dignidad humana y de la naturaleza. Toda actividad productiva debe someterse a estos
principios y al cuidado de los bienes públicos universales porque “No hay dos crisis
separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las
líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. [LS 139]
La actual Ley de Glaciares establece un piso de protección que no puede ser relativizado en
favor de intereses sectoriales o de corto plazo. Por ello, exhortamos con firmeza y esperanza
a nuestros legisladores a que:
• Mantengan y fortalezcan el espíritu y los presupuestos mínimos de protección
establecidos por la Ley de Glaciares.
• Prioricen, en cualquier debate, la defensa de la vida, el agua y la integridad de los
ecosistemas por sobre cualquier otro interés, recordando que “el auténtico desarrollo
humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero
también debe prestar atención al mundo natural y «tener en cuenta la naturaleza de
cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado».” [LS 5]
• Escuchen la voz de las comunidades locales y de los científicos, actores esenciales
para un discernimiento prudente, equitativo, racional y respetuoso del Convenio Nº
169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú.